El
número de niños que fueron adoptados en Colombia se desplomó entre 2011
y 2012 a la mitad: de 2.713 pasó a 1.465. Eso quiere decir cuatro niños
menos adoptados cada día. A primera vista se podría pensar que la cifra
da para celebrar, pues llevaría a concluir que ya son menos los que
necesita
n una nueva familia.
Pero la
realidad no es tan color de rosa. Lo que está ocurriendo es que tres
episodios de distintos orígenes han provocado un impacto demoledor sobre
la adopción en Colombia. Se trata de un fallo de la Corte
Constitucional, una investigación de la Procuraduría que le da un fuerte
jalón de orejas al ICBF y un programa de televisión sobre la adopción
de colombianos por extranjeros.
La propia
directora del ICBF, Adriana María González Maxcyclak, reconoce que esos
tres eventos “han vuelto más lento y más demorado el proceso de adopción
en Colombia”. Lo grave en este caso es que cada día que pase un niño
sin una familia puede ser para él la gran diferencia de su vida.
Primero
fue el fallo de la Corte Constitucional de noviembre de 2011, el cual
dice que antes de dar a un niño en adopción se debe intentar ubicarlo en
su familia biológica.
El caso que estudió la
Corte tenía que ver con una niña de 9 años que había sido dejada por su
mamá en manos de sus abuelos y, ante la muerte de su abuela, era cuidada
por unas tías abuelas que la golpeaban hasta con piedras, según su
testimonio. Una de esas tías abuelas, monja, la entregó al ICBF hace
diez años y el instituto la dio en adopción sin consultar si sus
bisabuelos, a quienes la niña quería, podían cuidarla.
El
ICBF, al interpretar el fallo, decidió que debía buscarse a la familia
hasta el sexto grado de consanguinidad y se ha convertido en una especie
de coco para los defensores de familia, que son los que deciden si los
niños deben ser entregados en adopción o no.
Nadie
sabe explicar muy bien cuál es ese grado y hay quienes dicen que va
hasta los primos en cuarto grado. Hasta ese momento, antes de
encontrarle un nuevo hogar a un niño, se buscaba a los abuelos, tíos y
primos, pero desde entonces toca hacer casi un árbol genealógico para
cumplir con la tarea. En su momento, el genetista Emilio Yunis comentó
que “la relación familiar en sexto grado de consanguinidad es la misma
que hay entre dos completos extraños que se cruzan en la calle”.
Esa
directriz del ICBF se comenzó a dar luego de que el programa Séptimo
Día emitió una serie llamada ‘Niños made in Colombia’. En ella mostraba
historias dramáticas de colombianos adoptados por extranjeros que,
supuestamente, habían sido quitados a sus padres de manera irregular por
el ICBF.
Tal vez ningún programa ha provocado
tantas protestas en el país. Hubo marchas, cientos de mensajes de
personas que habían sido adoptadas –las cuales escribían a las casas de
adopción preguntando “si a ellas también las habían secuestrado”– y
hasta una demanda que ganó el ICBF. Fue tanto el rechazo que el último
programa de la serie no fue emitido.
Como la
historia de cada niño es reservada, el ICBF nunca pudo defender a los
defensores de familia que habían tomado esas decisiones de adopción y el
programa nunca pudo mostrar la realidad de por qué los adoptaron. La
imagen que quedó en la mente de muchos colombianos fue la de unos padres
que hoy lloraban porque les habían arrebatado a sus hijos. Pero nunca
se mostró en qué condiciones se los tuvieron que quitar.
Los
directivos del ICBF han asegurado que pueden certificar que en ninguno
de los casos de adopción que presentó el programa hubo error alguno. Que
en todos los casos los niños se dieron en adopción para protegerlos
como lo exigen la Constitución y los tratados internacionales.
Como
le dijo la directora de La Casita de Nicolás –una casa de adopción en
Medellín– Pilar Gómez, en una dura carta a Manuel Teodoro, director de
Séptimo Día: “Después del daño que con sus programas puede hacerles a
los niños colombianos (…) lo invito a que venga y contacte a un pequeño
de 9 años, a quien un juez noveno prefirió privarlo de unos padres
extranjeros con los cuales llevaba tres meses, para que sea devuelto a
su madre expendedora y drogadicta, que lo maltrata y lo abandona”.
El
tercer episodio fue un duro informe de diciembre pasado de la
procuradora delegada para la defensa de los niños, Ilva Myriam Hoyos. En
él acusa al ICBF de “negligencia” por no ejercer la supervisión del
programa de adopción y recomendó abrirles investigación disciplinaria a
algunos funcionarios.
Todo eso desembocó en que
las adopciones estuvieran paralizadas durante algunos meses y en que
hoy cunde el pánico entre los defensores de familia del ICBF. “El
programa produjo una molestia muy fuerte. Los defensores quedaron como
los malos del paseo, como que se quisieran saltar las normas para
entregar niños”, cuenta la directora del ICBF.
Y
eso se ha traducido en un miedo paralizante que en ocasiones va en
contra de los niños. En una casa de adopción, por ejemplo, una niña ya
va a cumplir dos años sin resolver su caso que está hoy en la gaveta de
un defensor de familia atemorizado. En otra casa, cinco hermanitos ven
pasar los días sin saber qué va a ser de ellos. Ya llevan dos años
‘pidiendo auxilio’ porque sus papás ni los ven ni tienen cómo verlos. Ya
los devolvieron una vez a su familia y regresaron al llamado ‘sistema
de protección’ con todo tipo de maltratos.
Ahora,
la búsqueda hasta los tíos abuelos o hasta los primos cuartos, para ver
quién de ellos se quiere hacer cargo de los hermanitos, puede tomar
otro buen tiempo. Como dijo Ricardo Silva en su columna de El Tiempo, se
convierten en “víctimas de un enrevesado sistema de protección de
menores que a la hora de la verdad es otra trampa”.
Dos
casas de adopción, la de Nicolás en Medellín y Chiquitines de Cali,
decidieron cerrar temporalmente las solicitudes de adopción porque
tienen represadas muchas y “cada vez son menos los niños que logran
tener una autorización legal para ser adoptados”. También el ICBF
suspendió la recepción de solicitudes de extranjeros porque tiene casi
3.300 pendientes y algunas de ellas completan incluso seis años sin ser
atendidas. Además, quiere privilegiar a las 325 familias
colombianas que esperan por un nuevo hijo.
Sin
duda, son bienvenidos todo tipo de controles para que se proteja como
es debido los derechos de los niños. El problema de fondo es que se
termina por crear un cierto estigma sobre la adopción, que es reconocida
por los tratados como una manera adecuada de garantizarles a los niños
la protección de sus derechos. “El sistema, con estas nuevas decisiones,
tiende a privilegiar a la familia sobre el niño”, se queja un directivo
de una casa privada de adopción.
Y otra
directora, la de la Casa de Nicolás, escribía: “Estamos de acuerdo: lo
ideal sería tener que cerrar las casas y el programa de adopciones, pero
esto sucedería si no hubiera abandono, desamor, niños indeseados y
maltrato en Colombia”. Cada día 45 niños llegan al ICBF por maltrato.
Tres de cada cuatro por culpa de sus padres. Para que lleguen hasta allí
es que no se trata de simples palmadas. En un año, ingresan cerca de
6.000 niños al programa de restablecimiento de derechos que es la
antesala del programa de adopción.
La directora
encargada del ICBF, Adriana González, dice que el fallo de la Corte y
el informe de la Procuraduría han servido para que se revise todo el
proceso de adopción, están fortaleciendo a los defensores de familia y
poniendo en práctica nuevas estrategias para que los niños de difícil
adopción (por edad o por salud), que ya suman casi 8.000, encuentren una
familia.
¡Que diga algo la senadora Gilma Jiménez desde su tumba!
